Diferencias entre la constitución de 1993 y 1979

 

La Constitución Política del Perú de 1979 y la Constitución Política del Perú de 1993 son dos constituciones democráticas que han regulado el funcionamiento del Estado peruano. Aunque tienen algunas similitudes, también existen diferencias importantes entre ambas constituciones. Algunas de las principales diferencias son las siguientes:

1. Proceso de redacción: La Constitución de 1979 fue redactada durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y se promulgó el 29 de julio de 1979. La Constitución de 1993, por su parte, fue redactada por una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal en el año 1992 y se promulgó el 5 de julio de 1993.

2. Sistema de gobierno: La Constitución de 1979 estableció un sistema presidencialista de gobierno, en el que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno. La Constitución de 1993 mantiene este sistema, pero incluye algunas disposiciones adicionales para fortalecer el control y equilibrio de poderes.

3. Derechos fundamentales: La Constitución de 1979 reconoció algunos derechos fundamentales, pero no hizo suficiente hincapié en los derechos humanos y no reconoció adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas y de los afroperuanos. La Constitución de 1993, por su parte, establece una serie de derechos fundamentales más amplios y protege los derechos de las minorías, como los derechos de los pueblos indígenas y de los afroperuanos.

4. Reforma constitucional: La Constitución de 1979 estableció un procedimiento para reformar la constitución, pero algunos han cuestionado la facilidad con la que se pueden realizar reformas constitucionales y han argumentado que esto puede llevar a una instabilidad constitucional. La Constitución de 1993, por su parte, establece un procedimiento más detallado y exigente para llevar a cabo reformas constitucionales.

5. Otros temas: La Constitución de 1993 incluye disposiciones adicionales sobre temas como la educación, la salud y el medio ambiente, y establece la obligación del Estado de promover el desarrollo económico y social del país. Además, establece disposiciones sobre la reforma política y establece la obligación del Estado de promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.